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Inversores a la compra de la deuda de las farmacias valencianas

La falta de liquidez de las farmacias de la Comunidad Valenciana ha abierto nuevas expectativas de negocio en el sector financiero. Los retrasos del Consell valenciano en el abono de medicamentos a las farmacias están atrayendo a inversores que muestran su interés por adquirir el derecho de cobro, garantizado por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En este tipo de operaciones, se adelanta la cuantía adeudada a cambio de elevados tipos de interés, que pueden oscilar ente el 10 y el 14%, según fuentes del sector. La deuda farmacéutica se está convirtiendo en uno de los productos que más demanda concentra. Aunque los inversionistas también se ha dirigido a otros proveedores de la Conselleria de Sanidad, que también garantizado el pago de las facturas, la deuda farmacéutica es la más demandada. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia /MIcof) desconocen el dato de cuántos boticarios han podido recurrir a estos instrumentos de financiación, ya que no existe obligación legal de comunicarlo al colegio. Sin embargo, se reconoce abiertamente que la situación de muchas oficinas de farmacia es desesperada, tras varios años de retrasos continuos en los pagos. Ya en 2013 un grupo inversor mostró su interés por adquirir los derechos de cobro de toda la deuda de las farmacias valencianas, aunque no fructiferó. Desde entonces la situación ha mejorado sensiblemente, aunque se siguen acumulando retrasos. La semana pasada se pagó una parte de los atrasos, pero el incumplimiento en los pagos es la tónica habitual para las farmacias valencianas. Nos comentan que el Consell está abonando las facturas a 60 días, el doble de lo que establece la legislación. El incumplimiento reiterado de los plazos permite a los colegiados reclamar por vía judicial los intereses de demora. Estos interese representan cuantías muy elevadas paa la Administración, sobre todo en los peridos en los que se han acumulado más facturas pendientes de pago. Segú el Colegio de Farmacéuticos, todos los procedimientos abiertos podrían suponer un coste para el Consell cercano a los 50 millones de euros. El MIcof ya ha obtenido dos sentencias favorables, aunque no se ha percibido nada todavía. La Generalitat ha recurrido la primera sentencia, y se espera que con la segunda, que ha tenido lugar hace apenas dos semanas, haga lo mismo. Dicha sentencia, reconoce que el Gobierno autonómico debe abonar, según la Ley de Morosidad, 7,6 millones de euros en concepto de intereses de demora.