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Trabajo a distancia o teletrabajo ¿A quién se aplica? ¿Cuál es su contenido? Te lo contamos

Recientemente, se ha publicado en el BOE del Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que, además de regular el teletrabajo, incorpora también otras medidas laborales y tributarias de importancia. Desde FarmaQuatrium te informamos de todas estas medidas que pueden ser de interés para tu Oficina de Farmacia. A continuación, te indicamos las inversiones o gastos computables a esta ayuda:

REAL DECRETO-LEY 28/2020 DE TRABAJO A DISTANCIA

LABORAL – REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA

¿A quién se aplicará este Real Decreto-ley de trabajo a distancia?

Se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena contemplados en el artículo 1.1 del E.T. Excluye al total del personal de las administraciones.

Definición de trabajo a distancia y objeto de aplicación:

El RDL de trabajo a distancia define este como un tipo de trabajo a distancia, a través de sistemas telemáticos, de carácter regular.

No todo el trabajo a distancia o teletrabajo se va considerar objeto de aplicación de esta norma. Únicamente será objeto de aplicación el “trabajo a distancia regular”, entendido como el trabajo a distancia que se realiza, en un periodo de 3 meses, un mínimo de 30% de la jornada (o porcentaje equivalente en función del contrato de trabajo).

¿Cuándo entra en vigor la norma del trabajo a distancia?

La presente ley del trabajo a distancia entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE; es decir, el próximo 13 de octubre.

¿Cuáles son los derechos de trabajador a distancia?

Dentro del Decreto-ley 28/2020 se aplicarán a todos aquellos que presten trabajo a distancia los siguientes derechos:

Formación.

Promoción profesional.

A la dotación de medios, equipos y herramientas.

Al abono y compensación de gastos.

Derecho a horario flexible.

Registro horario (inicio y fin de jornada).

Aplicación normativa preventiva.

Evaluación de riesgos solo de zona de trabajo. Necesidad de justificar visita y obtener permiso. De no ser así, se realizará con los datos existentes.

Derecho a la intimidad y protección de datos.

Derecho a la desconexión digital.

Derechos colectivos (acceso a direcciones electrónicas y tablón virtual, remover obstáculos).

También debe subrayarse que no se podrá exigir la utilización de dispositivos electrónicos privados en el trabajo a distancia, ni la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador, debiendo la empresa establecer los criterios de utilización de éstos, respetando los estándares mínimos de protección de la intimidad, así como los términos de uso. 

Hay que profundizar más en aquellos aspectos relativos a la “dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”, por cuanto supusieron uno de los principales escollos de la negociación. En la actual normativa se establece que las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se le deberán abonar y compensar todos los gastos ocasionados con motivo del trabajo a distancia por parte de la empresa. 

Voluntariedad del teletrabajo y posibilidad de reversión:

Para ambas partes rige la voluntariedad y requerirá la firma de un acuerdo de trabajo a distancia que podrá formar parte inicial del contrato o bien realizarse en un momento posterior. No cabe la imposición de forma unilateral por ninguna de las partes intervinientes. 

Obligaciones formales del acuerdo del  trabajo a distancia: 

Deberá realizarse por escrito, cuya formalización deberá preceder al inicio del trabajo a distancia. Asimismo, cualquier modificación deberá hacerse constar por escrito con carácter previo a su aplicación. 

Por otra parte, todos los acuerdos en la materia deberán ser remitidos mediante copia a la representación legal de las personas trabajadoras, si la hubiese, y en todo caso a la oficina de empleo. 

Contenidos obligatorios del acuerdo:

El Decreto-ley 28/2020 establece, entre otros, los siguientes:

Inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias. Se deben incluir los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o período máximo para la renovación de éstos. 

Gastos que pudiera tener la persona trabajadora. Forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizarla. 

Horario de trabajo y reglas de disponibilidad.

Porcentaje y distribución de ambas modalidades de trabajo, presencial y a distancia, si es que existe el primero. 

Centro de trabajo al que está adscrito y dónde desarrollará la jornada presencial de existir. 

Lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador. 

Medios de control empresarial de la actividad. 

Duración del acuerdo de trabajo a distancia. 

¿Y la relaciones de teletrabajo que ya estaban vigentes?

Las relaciones de trabajo vigentes que estuvieran reguladas por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia mantendrán su vigencia hasta la expiración de los mismos. De no existir un plazo de duración, la norma actual resultará íntegramente de aplicación transcurrido un año desde la publicación (23/09/2020) salvo que expresamente las partes acuerden un plazo superior que en ningún caso podrá superar los 3 años. 

Desde que esta norma sea de aplicación, las partes deberán formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en un plazo de tres meses, al igual que aquellas adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes, no derivados de convenios o acuerdos colectivos.

Por otra parte, el Decreto-ley no podrá conllevar la compensación, absorción o desaparición de cualquier derecho o condición más beneficiosa que vinieran disfrutando los trabajadores. 

Exclusión del teletrabajo a distancia derivado del COVID-19

Al respecto de esta especial regulación, es fundamental precisar que las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19 -mientras las mismas se mantengan- les seguirá siendo de aplicación la normativa laboral ordinaria. No obstante, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como el mantenimiento que resulte necesario.

 

LEY 3/2020, DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19

Unos días antes a esta aprobación, se publicó también la Ley 3/2020, de 18 de septiembre de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia, que adopta una serie de medidas en el ámbito concursal que pueden resultar de cierto interés:

MEDIDAS EN EL ÁMBITO CONCURSAL Y SOCIETARIO

Posibilidad de modificar el convenio concursal:

Hasta el 14 de marzo de 2021 (incluido) se establece la posibilidad de presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en período de cumplimiento. Deberá acompañarse necesariamente:

Relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y aquellos que, habiendo sido contraídos durante el período de cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos.

Plan de viabilidad.

Plan de pagos.

La tramitación seguirá las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario -exigiéndose también las mismas mayorías-. No obstante, se exige que esta sea escrita, independientemente del número de acreedores.

Salvo que voten a favor, o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación, esta no podrá afectar a los créditos devengados o contraídos durante el período de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado.

Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación:

Hasta el 14 de marzo de 2021 (inclusive) el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa pese a conocer la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Dicha previsión está supeditada a que el deudor presente la propuesta de modificación del convenio a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

MEDIDAS LABORALES

Procedimiento de ERTES:

Se establece que las demandas presentadas frente a las medidas de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ERTES por causas ETOP) derivadas del COVID 19 deberán tramitarse, cuando afecten a más de 5 trabajadores, a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo. Además, como novedad, en los ERTES ETOP, estará igualmente legitimada para promover los citados procedimientos de conflicto colectivo, la comisión representativa prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo.

Tramitación preferente:

En el orden jurisdiccional social, y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los procedimientos relacionados con normas laborales surgidas durante la pandemia, como despidos, la recuperación de horas prestadas durante el permiso retribuido, la impugnación de ERTEs, la aplicación del plan MECUIDA, las medidas para sustanciar el trabajo a distancia,  las denegaciones de la prestación por cese de actividad en autónomos o la denegación de solicitud de reconocimiento de asistencia sanitaria, tendrán carácter preferente, teniendo incluso los últimos cinco mencionados el carácter de urgencia. 

OTRAS MEDIDAS

▶ Cambio extraordinario de las circunstancias contractuales: Antes del 20 de diciembre de 2020, el Gobierno presentará a las Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado un estudio sobre las posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, para incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla “rebus sic stantibus”. El análisis incluirá los datos disponibles más significativos sobre el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en los contratos privados.

▶ Intervención telemática de notarios y registradores: Antes del 20 de junio de 2021, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley, oídos el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España, para habilitar la intervención telemática notarial y registral con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.

 

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